El Supremo obliga a cambiar la TIP del personal de seguridad privada

 

El Tribunal Supremo rechaza el recurso presentado por la Administración General del Estado y ratifica la sentencia dictada por la sección 5ª de la sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional.

 

El Ministerio del Interior tendrá que sustituir más de 300.000 tarjetas de identificación del personal de seguridad privada. La Orden INT/318/2011, de 1 de febrero, sobre personal de seguridad privada, obligaba a vigilantes de seguridad, vigilantes de explosivos, jefes de seguridad y escoltas privados a portar su Tarjeta de Identidad Profesional, conocida como TIP, cuyo número coincidía con el número del Documento Nacional de Identidad.

 

Antes de que entrara en vigor dicha Orden Ministerial, la Agrupación Sindical Profesional del personal habilitado de seguridad privada (ASP), solicitó un informe a la Agencia de Protección de Datos, que confirmó la ilegalidad de la normativa al estar expuestos los datos personales de los vigilantes. Sin embargo, la Orden Ministerial salió adelante y la ASP junto a otro sindicato, la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), denunció estos hechos en los tribunales. La Audiencia Nacional dio la razón a estos dos sindicatos en noviembre de 2013 (puedes consultar la sentencia aquí). No obstante, los abogados del Estado presentaron un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que finalmente ha sido rechazado hace unos días (puedes ver la sentencia aquí), ratificando el fallo anterior de la Audiencia.

Cabe recordar que el personal de seguridad privada está obligado a mostrar la TIP a todo ciudadano que así lo exija, exponiendo de esta forma datos privados del agente protegidos por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y de ese modo exponiendo su integridad.

 

Con este fallo del Supremo, no recurrible, ahora se tendrán que sustituir más de 300.000 tarjetas de identificación profesional del personal de seguridad privada, que deberán sufragar las arcas del Estado.

 

 

 

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